¿En que consiste el 3 + 2?

La última reforma universitaria promovida por el Ministerio de Educación está causando descontento y polémicas a partes iguales. Estamos hablando del ya ‘archifamoso’ decreto ley del 3+2, una medida que dará una vuelta de tuerca al sistema universitario. Actualmente está implantado el plan Bolonia, con cuatro años obligatorios de Grado más un año optativo que puede variar entre, máster, año optativo u otro año obligatorio de carrera. Es decir, un formato de 4+1 en el que hay que obtener 300 créditos, 240 del grado más 60 del máster.

Estudiante universitaria en protesta contra las reformas universitarias

Estudiante universitaria en protesta contra las reformas universitarias

Ahora bien, el sistema cambiaría y derivando en tres años de grado y dos de máster. El plazo previsto para el cambio es el inicio del próximo curso, en septiembre de 2015. Sin embargo, serán las universidades las que tengan la última palabra en la decisión de implantar la nueva medida. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ha declarado que esta nueva reforma no se verá en las universidades españolas hasta el curso 2017-2018.

Una de las claves de justificación del Gobierno para este cambio es la adaptación al modelo europeo, en el que el formato 3+2 es más común. La secretaria de Estado de Educación, Universidades y Formación Profesional, Monserrat Gomendio, ha asegurado que el fin de esta reforma es «flexibilizar» la estructura universitaria para «converger con Europa» y permitir «un ahorro  a los estudiantes».

En el caso de España, la polémica viene dada por el alto precio que tienen los másteres, y por qué no también, la formación universitaria. Éstos tienen unos costes económicos muy superiores de dinero de lo que lo hacían anteriormente por menos años de formación, gestándose una desigualdad de oportunidades a la hora de acceder a la formación universitaria.

Esa desigualdad se ha traducido en descontento dentro de la comunidad universitaria. Según los resultados de un referéndum realizado el pasado mes entre las universidades públicas madrileñas para conocer la opinión de los estudiantes, hasta un 97.6% de los encuestados ha rechazado esta nueva normativa.

Las críticas no se dirigen únicamente a la parcela económica, también a la logística. El cambio hacia el plan Bolonia está reciente, entró en vigor en el año 2010, y por ello todavía no ha dado tiempo a evaluar los resultados de este modelo. Además se unen los problemas de convalidaciones de aquellos alumnos que cursan licenciatura.

El 3+2 en el mapa europeo

En Europa la mayor parte de los países adoptaron un sistema flexible. Esto consistía en que  las titulaciones de Grado pueden tener entre 180 y 240 créditos y las de Máster entre 60 y 120 créditos. Por tanto, en la mayoría de los países europeos conviven Grados de 3, 4 y más años de duración y Máster de 1 año y 2 años. Algunos ejemplos de un sistema más flexible son el sistema educativo en Francia o el de Dinamarca.

Por otra parte el sistema español es más rígido, los Grados tienen 240 créditos y el Máster 60. Esto supone 4 años de Grado y 1 año de Máster, contra el criterio de quienes pedían entonces la flexibilidad que este Real Decreto proporciona. La propia Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas propuso una duración flexible de los Grados en su informe de 2006, “Podría optarse por una posición más flexible en la que existieran Grados entre 180 y 240 créditos. No está claro que todos los Grados necesiten ni deban tener una misma carga de créditos.”

El sistema 4+1 escogido por España es una rareza en el ámbito europeo, compartido por muy pocos países – Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Grecia, Kazajstán, Rusia y Ucrania- y lejos del establecido en el resto de Europa. De un total de 38 sistemas educativos en Europa, sólo 8 coinciden con el español.

El hecho de que España optase en su momento por un modelo rígido de 4+1, muy diferente al sistema flexible por el que optaron la mayor parte de los países europeos, ha generado importantes disfunciones en el reconocimiento mutuo de títulos. Por una parte, facilitará a los estudiantes españoles la realización de Máster en el extranjero con duraciones acordes a las de los Máster impartidos en España.

 

Los colectivos universitarios reaccionan ante la aprobación del nuevo decreto Wert

Los colectivos relativos a la enseñanza no tardaron en hacerse oír tras conocerse el nuevo rumbo que el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, pretendía dar a la educación pública. La nueva reforma planteada por Wert, aunque encuentra algunos simpatizantes entre las cúpulas rectorales, no recibe una buena acogida en las aulas.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, se ha mostrado poco clara en su posición frente al decreto. Un consensuado y oculto voto a favor maquillado con tintes de “moratoria”. La CRUE comunicó a través de su página web, a fecha de 30 de enero de 2015, la organización de una asamblea el día 2 de febrero “para analizar en profundidad el Real Decreto” y una posterior rueda de prensa con objetivo de “exponer ante los medios la postura de la CRUE”.

Los máximos representantes de estudios universitarios, aseguraron que su intención era “el cumplimiento de la legitimidad democrática del gobierno”, pero que es “necesaria una actuación prudente que permita analizar y cuestionar la adaptación a un nuevo sistema”. En la asamblea realizada en las horas previas a la rueda de prensa, los rectores de las universidades españolas realizaron una votación en la que se aprobó por mayoría absoluta una moratoria de dos años para la aplicación del nuevo decreto educativo.

Manuel López, presidente de la CRUE insistió en que los dos años de moratoria servirían para trabajar, y no únicamente para esperar. El primer objetivo que se marca la CRUE es el estudio de evaluación de la ejecución del plan Bolonia en los países europeos. Otro de los puntos de trabajo es “el análisis económico de lo que puede suponer la implantación de grados de tres años”.

Las consecuencias económicas son las que más preocupan entre la opinión pública de los estudiantes, por eso, desde la CRUE, valorarán el impacto que el nuevo decreto tendrá en las universidades y en las familias. “Un aspecto muy importante de la moratoria es que se pueda explicar a las familias y estudiantes lo que puede suponer este hecho”, sentenció el Presidente de la Conferencia.

Objeto de análisis serán además los másteres y las tasas, ya que “es importante la igualdad de oportunidades para los estudiantes, que no se vean afectados”, afirmó Manuel J. López. La respuesta de los rectores deja en ‘stand by’ el nuevo ‘decretazo’ de Wert, que en un principio no llegará a implantarse en ninguna universidad española por lo menos hasta el 2017.

Manuel J. López Pérez, presidente de la CRUE, acompañado de Juan Julián, antiguo rector de la universidad politécnica de valencia y actual vicepresidente ejecutivo de la CRUE; Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas y vicepresidente de la CRUE; Alejandro Tiana, rector de la UNED y José María Sanz, rector de Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidente de la CRUE afirmaban en la rueda de prensa ante numerosos medios, que “la negociación es continua con el Ministerio de Educación”.

El Sindicato de Estudiantes sin embargo, sentenció una clara negativa a la nueva reforma de Wert. Ana García, Presidenta Estatal del Sindicato de Estudiantes evalúa las consecuencias económicas y las barreras sociales que traerá consigo el 3 + 2.