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Periódico universitario UCM en la web 2.0

La desatendida situación de las víctimas del franquismo

En la actualidad existe una Ley de Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2007 bajo el mandato presidencial del socialista Rodríguez Zapatero, que tiene como finalidad reconocer la memoria de todas aquellas personas, de un bando y de otro, caídas en la Guerra Civil y también de las víctimas de la dictadura franquista. Sin embargo, son varios los colectivos y asociaciones representantes de las víctimas los que han pedido que exista una ampliación de la misma dado que a día de hoy no se está cumpliendo con el objetivo de esta normativa.

Un claro ejemplo de esto lo hemos podido vivir en los últimos días con la retirada de las placas que formaban el memorial de las víctimas del franquismo en el Cementerio de la Almudena por decisión del nuevo Consistorio, liderado por José María Martínez Almeida. En este memorial estaban escritos los nombres de 2.934 personas que fueron fusiladas en las tapias del cementerio madrileño en el periodo de 1939-1944. Esta iniciativa ha traído consigo el malestar de los defensores de la memoria histórica así como de las personas cuyos familiares formaban parte de ese memorial.

 

La dura represión franquista

El 1 de abril de 1939 el general Francisco Franco, líder del bando sublevado, firmó en Burgos el último parte de guerra, documento que suponía el final del conflicto civil iniciado con el golpe de Estado de julio de 1936. No obstante, el fin de la guerra no supuso el final del hostigamiento hacia el bando perdedor, el republicano, sino que significó el inicio de una larga y violenta persecución de todo aquel que había luchado por esta facción.

Intentando huir de la represión franquista, aproximadamente 300.000 personas abandonaron España durante los primeros años de la dictadura, de las cuales muchas nunca regresaron al territorio nacional. El final de aquellos republicanos que no pudieron escapar o que directamente decidieron quedarse en el país fue muy diverso. Una vez en manos franquistas, muchos de ellos fueron ajusticiados, otros enviados a campos de concentración o a realizar trabajos forzados y otros tantos fueron encarcelados. Muy pocos fueron amnistiados.

Una vez establecido el régimen autoritario, el ya dictador Francisco Franco se valió de normativas propias, como la la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de Depuración de Funcionarios de febrero de 1939 -fueron aprobadas por el bando sublevado en tiempos de guerra-, y nuevas leyes como la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 y la Ley de Seguridad del Estado de marzo de 1941, para detener a personas que eran sometidas, en el mejor de los casos, a juicios sin ninguna garantía procesal.

No obstante, para Mirta Núñez, historiadora especializada en memoria histórica y docente de varias asignaturas del Grado de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, “la destrucción del enemigo no sólo fueron las ejecuciones, que las hubo multitudinarias, sino también la estrategia de la difamación sobre el enemigo, del empobrecimiento del enemigo”. “España era un Estado totalitario con un control sobre todo el aparato legal, educativo y judicial, sobre todo el aparato de Estado”.

 

 

 

Los desconocidos campos de concentración franquistas

A día de hoy las cifras de la represión franquista son muy claras. El número de fusilados sólo durante los primeros años de dictadura es de 70.000 personas, mientras que más de 30.000 fueron condenadas a largas estancias en prisión. El período de represión más exhaustivo transcurrió entre 1939 y 1945, momento en que finaliza la II Guerra Mundial y el franquismo se ve obligado a suavizar de algún modo las características autoritarias del régimen. 

“Este país fue claramente fascista hasta los años 50, momento en que se ven forzados a llevar algún tipo de diálogo las potencias que habían triunfado -al final de la II Guerra Mundial- y la España franquista”, nos comenta Mirta. “A partir del año 1950 Estados Unidos, el gran vencedor de la II Guerra Mundial, respalda la entrada de España en la ONU”, matiza. “Abandonaron la postura de la Conferencia de San Francisco”, que es la que determinó que la España franquista era aliada y sucesora de la ideología presente en la Alemania nazi y la Italia fascista, para dar lugar a “cauces de entendimiento”.

Lo que mucha gente no sabe es que nada más acabar la guerra en torno a 270.000 personas fueron recluidas en campos de concentración distribuidos a lo largo y ancho de la geografía española. Las provincias de Madrid con 15 y de Valenciana con 30 fueron las regiones con más campos de concentración. Una última investigación del periodista Carlos Hernández de Miguel, detallada en su obra Los campos de concentración de Franco (2019), cifra entre 700.000 y 1 millón el número de personas que acabaron internas durante toda la dictadura.

No obstante, para Mirta existe una clara diferencia con los campos de concentración de la Alemania nazi, los cuales sí que son mundialmente conocidos. “Estos campos no tienen exactamente las mismas características que los que se establecieron en muchos otros países de la Europa Central porque su objetivo teórico fue, en principio, la clasificación de los soldados enemigos aunque también se aplicó paralelamente una visión de destrucción moral del enemigo puesto que los internos no sabían qué iba a pasar o cuánto tiempo iban a estar ahí”.

 

La insuficiente Ley de Memoria Histórica

Fruto de todas esas hostilidades cometidas contra personas del bando republicano una vez acabada la guerra, pero también en memoria de los combatientes de uno y otro lado, nació la Ley de Memoria Histórica. Para Mirta, “fue una ley que llegó tarde pero que llegó, lo cual no es poco para este país”, aunque reclama que sea “utilizada de manera más ejecutiva de forma que se pueda instar a cambiar el callejero, a elaborar presupuestos para exhumaciones y a apoyar investigaciones sobre los asesinados o sobre las acciones a las que se sometía a la población”.

Sin embargo, distintas asociaciones que representan a las víctimas del franquismo creen, en primer lugar, que la Ley de Memoria Histórica debe ser ampliada porque es una regulación insuficiente y, de igual modo, que esta normativa no está siendo respetada. “La Ley de Memoria Histórica había que haberla ampliado hace mucho tiempo. En el momento en el que se aprobó fue una medida muy pionera pero que se ha quedado muy corta”, opina Tomás Montero Aparicio, promotor y uno de los líderes del colectivo Memoria y Libertad.

Del mismo modo, el propio Tomás cree que “los crímenes del franquismo no se van a juzgar porque aquí no hubo una ruptura. Hubo una Transición pactada que podía haber tenido aspectos positivos pero que no depuró los poderes del franquismo, los cuales siguen muy vivos”. Por ello, en favor de las víctimas, para Tomás deberían anularse “todos esos sumarios de la dictadura que siguen dando pie a que la derecha más extrema de este país y más franquista lo tome como dogma o como verdad. Es un problema serio que no contempló la Ley de Memoria y que está presente”.

 

 

A día de hoy, España sigue siendo uno de los países con más desaparecidos del mundo. Miles de personas yacen todavía en cunetas y otras tantas están apiladas en fosas comunes, sin que sus familiares tengan un lugar donde recordarlas. Esta es una huella más de los cuarenta años de dictadura que atravesó nuestro país y que todavía sigue presente en ciertos aspectos de nuestra sociedad. Para algunos, la investigación y reparación de los crímenes del franquismo supone reabrir heridas pasadas. Para otros, sin embargo, es un paso más hacia una verdadera democracia.