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Periódico universitario UCM en la web 2.0

La batalla por la verdad, el caso de los niños robados

Entre los años 50 y 90 España estuvo inmersa en una trama donde se jugaba con la vida de recién nacidos como quien decide qué meter en cada cajón, sin importar que sea su cajón correspondiente o no.
Datos según la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), indican que podrían ser unos 300.000 los niños robados y entregados a otras familias con una identidad falsa, un fenómeno cuyos inicios se remontan a la Guerra Civil y tachado como una de las páginas más negras de la historia contemporánea de nuestro país.

Pero hasta el 2011 la Fiscalía General del Estado no ha abierto una investigación para identificar a los responsables que están detrás de esta compraventa de recién nacidos. Esto ocurre tras la denuncia de una madre a María Gómez Valbuena, conocida como sor María. Una monja que se dedicaba a ayudar en los partos y a la que se acusa de ser la cabeza de este entramado. Muchas familias esperaban que tras sor María apareciese una lista de culpables que deberían enfrentarse a la justicia. Al poco de esta apertura de caso, la monja fallece habiéndose negado a declarar en todo momento, suponiendo para el caso un parón y un muro difícil de franquear. Ya que superar el paso del tiempo y hallar testigos vivos del momento o que estén en buena situación senil, o acceder a los archivos de la administración y de los hospitales de por aquel entonces se vuelve difícil.

Una lucha que los familiares de estos supuestos reclusos no piensan abandonar. Asociaciones y plataformas como la que hemos entrevistado, SOS Bebés robados Madrid, trabajan sin descanso para identificar a los responsables. Reiteran sin cesar que no buscan venganza solo quieren justicia.

La agenda parlamentaria de los partidos está dejando de lado este germen que no deja de ser reclamado por los afectados para que la tragedia no quede impune ni transcriban, más aún si cabe, los delitos.
Son ya 592 los expedientes por bebés robados que se han puesto en marcha desde que en 2013 entró en funcionamiento el servicio de información sobre el caso en el que participan Interior, Sanidad, Justicia y Fiscalía General.

Testimonios

El doctor Eduardo Vela , ginecólogo de la antigua clínica madrileña San Ramón de Madrid, ha sido el primero en sentarse como acusado de delito de sustracción de menores, suposición de parto y falsedad de documentos públicos.

Sentencias judiciales

El boom televisivo y el apoyo espontáneo de los medios dieron a conocer los diferentes casos de corrupción que hubo en los centros sanitarios de toda España. Más allá que un simple caso de corrupción sanitaria entre médicos y personal sanitario vario, la iglesia formaba parte de esta trama, que fue y es considerada un escándalo. Cientos de familias se vieron afectadas por la sustracción de menores recién nacidos, que eran entregados a familia adineradas, en adopción totalmente ilícita -considerados falsos biológicos -.

Las familias afectadas, quienes habían sido engañadas y manipuladas, tras recibir la noticia de la muerte de sus bebés, tuvieron que seguir adelante, aunque marcados con esa huella imborrable. Los padres e hijos que consideraron que les habían robado o habían sido dados en adopción ilícitamente decidieron, apoyados por las diferentes asociaciones entregadas por la causa, acudir a los Tribunales. Como bien es conocido, los ciudadanos españoles se deben de acoger a las leyes para luchar por sus intereses. En este caso pudieron o pueden ampararse a los artículos 132,133 y 134 del Código Civil (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t5.html); a los artículos  764, 765, 766, 767, 768 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t5.html), y a los artículos 120 y 121 del Código Penal (http://civil.udg.es/normacivil/estatal/resp/CP.htm) .

Muchas de las denuncias presentadas fueron archivadas por “falta de pruebas”, debido a que en la fase de instrucción no existían indicios suficientes para mantener acusación contra el investigado. En otros casos existiendo indicios suficientes para la persecución del delito, no obstante, el Tribunal decide archivar el asunto dado que acoge la tesis de la prescripción del delito, que viene a significar que con el trascurso del tiempo esa persona no puede ser juzgada por ese delito. Este el caso de la sentencia dictada en Cádiz, la Audiencia Provincial confirma el archivo de las actuaciones al considerar que el delito está prescrito, apoyándose en lo siguiente, dado que se considera que el asunto de los ‘bebes robados’ se trata de un delito contra la humanidad y por tanto imprescriptible conforme al artículo 131.4 del Código Penal – Sentencia Audiencia de Cádiz -. Para esto recuerda la irretroactividad de la norma para los efectos que sean desfavorables para el acusado, en este caso viene a remarcar que equiparar el tema de los bebés a un delito de lesa humanidad (lo que hasta ahora solo se consideraba genocidio, ampliarlo al delito de detención ilegal). Lo que sería aplicable de cara a un futuro y no en estos momentos, porque no se puede aplicar la retroactividad, por impedirlo el principio de seguridad jurídica.

Por el contrario, otras sentencias dentro del marco de la instrucción dicen todo lo contrario, como es en el caso de la sentencia dictada en la Audiencia Provincial de Valencia – Sentencia Audiencia de Valencia -. Ésta siendo antagónica a la anterior donde viene a señalar que los delitos de esta clase no prescriben con el transcurso del tiempo. Por lo que finalmente la Audiencia viene a admitir el recurso y a continuar con la instrucción del asunto realizando todas las diligencias para esclarecer los hechos.

 

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