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Periódico universitario UCM en la web 2.0

El campo sigue en pie de guerra: la lucha del sector primario

 

El tema de la agricultura y el precio de los alimentos lleva siendo un problema en España muchos años, pero es ahora cuando las voces que claman una regulación para ello se han hecho más fuertes. Miles de agricultores han tomado las calles de sus ciudades, han cortado carreteras y han llegado hasta la capital para reivindicar que el campo y quienes en él trabajan están muriendo económicamente.

 

 

La magnitud del problema radica en el excesivo encarecimiento de los productos al llegar al consumidor: mientras que una patata, por ejemplo, es vendida por el agricultor a 0,12 euros el kilo, se vende al consumidor por 0,76 euros el kilo (lo que supone un incremento del 533%), o el pepino, que de los 0,23 euros a los que el agricultor vende el producto, acaba en nuestros supermercados por 1,64 euros (un 613% más caro).

 

 

Sin embargo, quienes ven ese dinero de diferencia son los intermediarios y vendedores, denuncian los agricultores. Ellos, en cambio, no solo ingresan lo justo para sobrevivir, sino que en numerosas ocasiones los ingresos no son suficientes para cubrir los costes, e incurren en pérdidas. Agua, luz, maquinaria, jornaleros o transporte son solo algunos de los gastos a los que se enfrentan los agricultores, dejando a un lado el pago que tengan que hacer después a los diferentes intermediarios.

 

 

Por ello, la cuestión importante es identificar el recorrido de los productos. Por un lado, cómo, dónde y a qué precio se cultivan, es decir, el papel de los agricultores en la cadena agroalimentaria. Una vez vendidos los productos, ver a quién se entrega, qué hacen con la mercancía y a qué precio la venden. Es decir, estudiar a los distribuidores, por ejemplo, en los diferentes locales de Mercamadrid, «la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España». Y por último, quién lo vende al consumidor final, qué hace y cómo se refleja en el precio. Es decir, los supermercados, fruterías y similares. Estos tres agentes son los más importantes en esta cadena.

 

Durante el proceso, hemos podido hablar con trabajadores de Mercamadrid que nos han explicado cómo los productos que llegan no vienen directamente de los agricultores, ya que es posible que haya muchos intermediarios antes (y después) de su venta en el mercado, aunque el número varía según el producto, el agricultor o la empresa, entre otras cosas. Una vez allí, eso sí, se vende por un precio ya marcado por el agricultor. Uno de los comerciantes de Mercamadrid aseguraba que ellos, en su puesto, cobraban un 10% del precio del producto a los agricultores por venderlo allí. Eso ya supone, de entrada, un coste más para el bolsillo de los agricultores, aunque varía según el distribuidor.

Entrevistamos a un frutero en Mercamadrid:

 

 

Entrevistamos a dos empresarios de Mercamadrid:

 

Un punto importante a analizar es cómo se comporta el consumidor en el mercado. Muchas veces se guía por un criterio meramente económico a la hora de elegir entre un producto u otro o entre uno comercio u otro para hacer la compra, pero además del precio entran en juego otros factores que condicionan la compra de los consumidores como la calidad o el lugar de origen de los productos. Ahí entra en juego otra de las principales reivindicaciones del campo español: el etiquetado.

 

Muchas empresas españolas dedicadas a la comercialización de productos agrícolas, compran el cultivo en países extranjeros como Marruecos, con un precio significativamente más bajo que el nacional y lo etiquetan como si fuera producto español. El ‘modus operandi’ de estas empresas consiste en la producción de un etiquetado confuso que hace creer al consumidor que su producto ha sido cultivado en nuestro país.  Un claro ejemplo de ello es el caso de los pimientos marroquíes comercializados por empresas almerienses, denunciadas por la Junta de Andalucía. El producto llega a Almería y en su etiqueta se destaca significativamente su lugar de envasado en lugar del lugar de origen del producto: “Envasado en Almería”. Es decir, se juega a la confusión y el consumidor –que no acostumbra a leer detalladamente la etiqueta– cree que se trata de un producto nacional cuando realmente no lo es.

 

El nuevo Real Decreto impulsado por el Gobierno incluye esta cuestión con el objetivo de garantizar al consumidor una mayor transparencia en cuanto al etiquetado del producto.

 

 

Algunos de los distribuidores entrevistados aseguran que, tal y como han demostrado sus estudios internos de mercado, si el consumidor tuviese a su alcance más información de los productos, como dónde se ha cultivado, bajo qué condiciones, etc, estos apostarían siempre por productos locales y de cercanía. Recogen así el relevo del lema “comprar local y de temporada”, que muchas organizaciones tienen por bandera.

 

La técnica fraudulenta del falso etiquetado o el denominado re-etiquetado, permite un mayor margen de beneficio a los distribuidores dado que el coste de producción de estos es menor que el del producto nacional. Ahí entra en juego otro de los principales problemas del campo español: la competencia internacional. El sector primario español necesita los recursos suficientes para poder competir con el producto del resto de países.

 

El campo español precisa los recursos económicos suficientes y el soporte de los gobiernos, tanto regional, nacional, como europeo, para emplear nuevas técnicas modernas que les  permita producir de manera más competitiva.

 

Por su parte, una de las principales reclamaciones de los agricultores españoles a los políticos europeos es que no se recorte del presupuesto de la Unión Europea las partidas de la PAC (Política Agrícola Común) fundamentales para el desarrollo económico del primer sector.

 

 

Por otro lado hablamos, en representación de los agricultores, con Diego Juste Conesa, jefe de prensa de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, una de las organizaciones que han encabezado las manifestaciones de estas semanas en nuestro país. Como uno de los principales rostros de las protestas, UPA defiende sobre todo a los pequeños agricultores que son, según ellos, los más castigados en la guerra de precios.

 

 

Los avances de los agricultores han sido considerables si miramos en la situación previa: han conseguido que el Gobierno aprobase un decreto sobre “transparencia y control de precios” en la cadena alimentaria, con la que la tan extendida práctica de “venta a pérdidas” (donde se vende por debajo del precio de coste del producto).  Las mesas de negociación seguían abiertas, pero la crisis del coronavirus ha paralizado cualquier actividad. Es interesante ver cómo en estos días el campo ni ha parado ni puede parar: son los proveedores necesarios para mantenernos en estos momentos.

 

Ahora solo falta ver si cuando todo esto acabe la memoria colectiva se mantiene y se recompensa a los que más duro han trabajado y se traduce en mejoras en las condiciones del campo y un mayor control de precios.