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Manos Limpias: «La» acusación popular

Manos Limpias acusación popular

Estamos cerca de terminar una de las legislaturas más intensas desde la vuelta de la democracia a España. Uno de los aspectos que ha provocado más indignación entre la opinión pública, y que ha generado el auge de dos partidos que al comienzo de la legislatura ni existían o eran desconocidos, ha sido la corrupción. Casi cada día hemos conocido una trama delictiva o una nueva investigación. Los nombres Nóos, Gürtel, cursos de formación o ERE se han hecho habituales a la hora de cenar al igual que otro, el de una organización llamada Manos Limpias.

Manos Limpias es un sindicato nacido en 1995 que se ha dado a conocer estos últimos años por querellarse en gran parte de los casos de corrupción de la historia reciente de España, además de en múltiples sucesos con apenas repercusión en los medios de comunicación.

Su secretario general es Miguel Bernad, un abogado que concurrió a las elecciones al Parlamento Europeo de 1987 por el Frente Nacional, un partido de ultraderecha. Este hecho ha creado en torno a la institución una fama ultraconservadora, algo que el propio Bernad se apresura a atajar. “No somos ni de derechas ni de izquierdas ni de centro. No nos mueve ningún interés político. Denunciamos la corrupción venga de donde venga, y por lo tanto, nuestra independencia está garantizada, porque además no tenemos ningún lobby detrás que nos pueda marcar las directrices y no recibimos subvenciones”, asegura el fundador de Manos Limpias.

Las dudas sobre su modus operandi, su financiación y su  importancia nos llevaron a entrevistar a uno de los que mejor puede responder sobre el sindicato: Miguel Bernad, el propio secretario general. Bernad nos recibió en la sede de la organización, en la calle Ferraz de Madrid. Ubicada en la primera planta de un edificio que hace esquina, la sede cuenta apenas con dos despachos y una pequeña habitación donde se acumulan los archivadores y ficheros de las numerosas causas en las que se han personado. Estas son las respuestas del secretario general de Manos Limpias a nuestras preguntas.

El sindicato también ha recibido críticas por su oportunismo o su falta de rigor a la hora de querellarse, empleando a veces artículos de periódico como prueba. Se dice de él que siempre quiere llegar el primero cuando apenas hay datos sobre un supuesto caso de corrupción. ¿Por qué tanta prisa? Bernard lo atribuye a que “tenemos un Ministerio Público que no cumple con su deber porque es una institución totalmente politizada”, y añade que “hay corrupción en el poder judicial”. Y aunque precisamente por esta falta de solidez muchas de sus querellas no han sido admitidas, otros tildan la labor de la organización de necesaria y valiosa. No son pocos los que consideran que gracias a la insistencia de Bernad y sus colaboradores, la infanta Cristina se sentó en el banquillo del juzgado de Palma.

Su financiación siempre ha sido objeto de recelo entre los que siguen sus pasos. Manos Limpias defiende que su único método de financiación es el crowdfounding y la venta de lotería en la época navideña aparte de las

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Sede de Manos Limpias en la calle Ferraz, Madrid.

cuotas anuales de los afiliados que se cifran en 60 euros. Las últimas noticias ponen a Bernad en un apuro, pues ha sido acusado de apropiarse, junto a la abogada del sindicato Virginia López, de las donaciones que ahorradores de Fórum-Afinsa habían aportado para denunciar una estafa en la inversión de los sellos de correos.

Empleando siempre la figura de la acusación pública, Manos Limpias ya es uno de los actores principales en los procesos judiciales más importantes del país. Ahora bien ¿qué es la acusación particular?

La acción popular, o más conocida como acusación popular, está recogida en la Constitución Española, exactamente en el Titulo VI. Del Poder Judicial. Artículo 125 . Es una figura jurídico penal que permite al ciudadano participar en la administración de justicia, permitiéndole iniciar un proceso penal, sin necesidad de que el delito lesione un interés propio, sino en defensa de la legalidad, imponiéndose así el interés público. Por tanto, la acción popular es uno de los derechos fundamentales que posee el ciudadano, pues participa del derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el Artículo 24 CE .

Normalmente, asociaciones que supuestamente defienden los intereses de los ciudadanos, como el sindicato Manos Limpias o la asociación de consumidores FACUA, entre otros, son quienes ejercen ese derecho, puesto que personarse como acusación puede suponer un importante esfuerzo económico.

Para ejercer la acusación popular hay que atender a unos requisitos y a unas limitaciones. Los requisitos son: ser una persona física y jurídica en pleno ejercicio de sus derechos, la obligatoriedad de personarse mediante abogado y procurador, que se presente en forma de querella, y la exigencia de una fianza, que variará según el caso. Las limitaciones se refieren a las personas que no pueden ejercerlo, como aquellas que no gocen de la plenitud de sus derechos, las que hayan sido condenadas dos veces por querella o denuncia calumniosa, y los jueces y magistrados.

Para ampliar la mira sobre el polémico sindicato, contactamos con Begoña López, portavoz de Jueces para la Democracia, una institución de magistrados de carácter progresista. Será ella quien nos explique qué es la acusación particular, quiénes y cómo la ejercen y qué uso está haciendo de ella Manos Limpias.

López también abunda en la explicación de la figura de la acusación popular, para facilitarnos un contexto al que agarrarnos y entender mejor el comportamiento de Manos Limpias. Según la jueza, “hay asociaciones que ejercen la acción popular y precisamente lo que hacen es proteger determinados intereses de un colectivo que puede estar perjudicado por el colectivo”. No obstante, subraya, “cuando ni tan siquiera se tiene a esos perjudicados formando parte de la asociación es más difícil saber cuál es el verdadero interés que se tiene para estar en el procedimiento”.

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